“Los preparativos para la primera vuelta de las elecciones impuestas por la junta militar que se celebrará este fin de semana en Myanmar han desembocado en ataques ilegítimos que podrían constituir crímenes de guerra, así como en un aumento drástico de las detenciones arbitrarias y una mayor represión de la libertad de expresión”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La promulgación en julio por los militares de la Ley de Protección de las Elecciones Generales Democráticas Multipartidistas criminaliza hablar o incitar a la violencia contra los comicios o contra quienes trabajan en ellos. Según la Ley, las penas oscilan entre tres años de prisión y un máximo de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
“Estas elecciones organizadas por la junta militar contrastan enormemente con las elecciones nacionales democráticas celebradas en Myanmar en 2015 y 2020. Mientras que 2015 fue un periodo de esperanza que prometía paz y respeto a los derechos humanos, la era actual es de desesperanza y los crímenes de guerra, las detenciones y la vigilancia caracterizan la vida cotidiana”, dijo Joe Freeman, investigador sobre Myanmar de Amnistía Internacional.
“En Myanmar, muchas personas se oponen a estas elecciones porque temen que sirvan para consolidar en el poder a las mismas personas que llevan cinco años cometiendo homicidios ilícitos de civiles en Myanmar, fuera de los límites de la rendición de cuentas y de la justicia a los que deben enfrentarse”.
La ley electoral como arma de los gobernantes militares
La junta militar ha afirmado que su ley electoral está concebida para proteger a trabajadores y trabajadoras, el material y el propio proceso electoral. No obstante, en las semanas que preceden a la primera vuelta de votaciones el 28 de diciembre, la junta la ha utilizado para intensificar las tácticas represivas, centrándose en las críticas de cualquier tipo, incluidas las reacciones, mensajes y posts publicados en las redes sociales.
En los meses transcurridos desde la promulgación de la ley, se ha aplicado al menos a 229 personas, a las que se ha procesado por “intentar sabotear procesos electorales”, según los medios de comunicación controlados por la junta. Entre las personas detenidas hay artistas y personas que colocan adhesivos contra las elecciones.
En septiembre, un hombre del estado de Shan de Myanmar fue condenado a siete años de trabajos forzados por criticar las elecciones. A principios de diciembre, otro hombre fue detenido cerca de Yangon por un mensaje en Facebook en el que condenaba los comicios, y otro más por causar daños a un cartel electoral. También hay informaciones según las cuales se ha presionado a residentes de campos para personas internamente desplazadas para que voten so pena de perder la ayuda.
Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, se calcula que de un total de 330 municipios en todo el país, no habrá elecciones en 56, que se encuentran bajo ley la marcial. El ganador de las elecciones de 2015 y 2020, la Liga Nacional para la Democracia, ha sido disuelto y sus dirigentes Aung San Suu Kyu, Win Myint y otros permanecen detenidos.
En 2025, los ataques aéreos en Myanmar están en camino de alcanzar niveles récord en comparación con cualquier año desde el golpe de Estado de 2021. En zonas de conflicto armado, donde la junta militar trata de hacerse con el control de lugares para celebrar en ellos las elecciones, también han aumentado los ataques desde la fecha en que se anunciaron los comicios. La ONU afirmó este mes que estos ataques parecían intencionados con el fin de recuperar zonas disputadas clave donde se ha anunciado que se celebrarán elecciones.
En uno de estos ataques, Amnistía Internacional documentó un bombardeo con parapentes tripulados en un festival que se celebraba en la región central del país donde también se habían reunido personas para manifestarse públicamente contra las elecciones. Los parapentes motorizados lanzaron proyectiles de mortero en medio de la multitud y causaron la muerte de civiles, menores incluidos. El 10 de diciembre, el ejército bombardeó un hospital en poder del Ejército de Arakán, organización de resistencia étnica, en el municipio de Mrauk-U del estado de Rajine, siguiendo un patrón de ataques a hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles de todo el país desde el golpe de Estado.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que se centre en los abusos contra los derechos humanos que caracterizan este proceso electoral y prioricen la rendición de cuentas en Myanmar. La comunidad internacional debe volver a dirigir su atención a la suspensión de envíos a Myanmar de combustible para aviones y a hacer que los presuntos perpetradores respondan ante la justicia. Amnistía Internacional también insta a la Corte Penal Internacional a que proceda con las órdenes de arresto contra Min Aung Hlaing —el general jefe que se está posicionando para aparecer como líder civil tras estas elecciones—, así como contra otros oficiales de la junta militar de Myanmar bajo investigación de la Corte.
Información complementaria
Tras tomar el poder en un golpe de Estado hace casi cinco años, la junta militar de Myanmar, conocida actualmente como Comisión de Seguridad del Estado y de Paz, intenta ahora consolidar su poder a través de las urnas. La primera vuelta de las elecciones se celebrará el 28 de diciembre e irá seguida de vueltas adicionales a partir de enero.
El proceso escalonado de votación es consecuencia del propio golpe de Estado, pues el intento del ejército de tomar todo el poder el 1 de febrero de 2021 se encontró con una resistencia nacional que dejó grandes partes del país bajo el control de grupos armados y fuerzas prodemocracia. El ejército ha matado al menos a 7.000 civiles desde el golpe. Seguramente la cifra real es muy superior.
El aumento de las hostilidades entre el ejército de Myanmar y los grupos de resistencia armada ha hecho que muchas personas rohinyás y otros grupos marginados hayan quedado atrapados en el fuego cruzado, lo que erosiona aún más sus derechos.
